Marcel Claude

El candidato “revolucionario”, como varios medios lo llaman. Estudió economía en la Universidad de Chile, tiene un magister en la misma. Trabajó para el Banco Central por mucho tiempo y en dos organizaciones no gubernamentales medioambientalistas, quizás por eso se autodefine como “ecosocialista”.

Su movimiento se llama Todos a La Moneda y es apoyado por el Partido Humanista y la Izquierda Unida para estas elecciones. Si interpretamos lo que sale en su página web, en su sección de los ochos Ejes Transversales “crear una sociedad libertaria”, en el sexto habla de la educación. Principalmente podremos extraer que para él la educación es un derecho indiscutible que debe ser asegurado por el Estado para todos los chilenos y recalca la palabra TODOS. Considera que la educación debe ser pública gratuita, laica, de libre acceso y obligatoria desde el nivel parvulario hasta el nivel medio. Pero para los que pueden pagar, también pueden existir instituciones privadas.

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Propone que todos tengamos las mismas oportunidades para entrar a una universidad, sin costo en los técnicos y las estatales. En las privadas sin costo a los estudiantes de escasos recursos y arancel diferenciado al resto dependiendo del ingreso de sus familias. ¿Cómo lo hará para financiar este ingreso? Con no menos del 25% del famoso presupuesto nacional destinado a educación específicamente (en 2013 es del 21%), pero solo a la pública y en todas las etapas de la vida (infancia, adolescencia, adultez y 3º edad). Con este 25% quiere asegurar, es parte de sus propuestas, el 100% de cobertura de la educación parvularia, mejorar las condiciones laborales y de sueldo de los profesores, mejorar las construcciones de los colegios o liceos y crear más en zonas más pobres.

Ahora el tema es donde sacaría esta plata, Marcel propone que esta educación Pública Universal sea financiada por los ingresos del cobre que el Estado tiene, además de una reforma tributaria que haga que las empresas paguen impuestos. Para que esto de lo público funcione mejor, propone impedir la apertura de nuevos centros particulares subvencionados y estimulando la conversión hacia Fundaciones o Corporaciones sin fines de lucro efectivos a los que quieran mantener la labor educativa.

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